“Ojalá se pudiera donar todo lo que secuestramos. Sabemos que eso sería de mucha utilidad para las personas que más lo necesitan, pero debemos cumplir con las normas”, aseguró el comisario Fabio Ferreyra, titular del Operativo Lapacho. Días atrás, quedó al descubierto que prendas y ropa de cama se estaban pudriendo en los puestos de control porque los depósitos están colapsados con esos productos. Ahora se conoció el largo y sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que esos y otros productos puedan ser donados.

Exactamente no se puede determinar cuántos son los artículos que están en estas condiciones. Según las estadísticas de la Policía, desde el 1 de enero de 2024 y hasta el lunes pasado se incautaron más de 12.000 bultos (cada uno de ellos pueden tener hasta 30 pantalones, 20 pares de zapatillas y 40 frazadas); 7.000 cubiertas, más de 17.000 kilos de hojas de coca y alrededor de 18.000 cartones de cigarrillos (180.000 paquetes de 20 cada uno). Esos productos terminaron colapsando los depósitos, y por esa razón se acumulan al aire libre.

“Estamos haciendo todas las gestiones para que se solucione el problema”, dijo Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad. En ese sentido, el funcionario informó oficialmente que, con la firma del gobernador, Osvaldo Jaldo, se enviaron tres notas a los responsables de diferentes organismos y al presidente Javier Milei para que se buscara una solución.

Los funcionarios de la delegación local de la Dirección General de Aduanas informaron que no estaban autorizados a realizar declaraciones.

1- Cuándo se secuestra la mercadería

Según las normas, se considera contrabando a todos los productos que ingresan al país que superen los $500.000. Los bultos que trasladaban los bagayeros fueron valuados en $750.000, por lo que todos deben ser decomisados.

El comisario Ferreyra reconoció que a la hora de decomisar tienen en cuenta el destino que se le da a la mercadería. “No es lo mismo una familia que trae ropa para uso personal que los que transportan con destino comercial”, explicó. ¿Cuál es el criterio que usan para hacer esta diferenciación?, le preguntó LA GACETA. “El de la Aduana. Si descubrimos que son elementos repetidos, es decir un paquete con 50 pantalones iguales, se entiende que son para comercializar”, destacó.

2- El inicio de un largo trámite por cada caso

Los efectivos policiales deben informar a la Justicia Federal sobre el secuestro. Si se estima que la mercadería decomisada es menor a $500.000, Aduana inicia un expediente en el que el propietario de los productos, pagando una multa e impuestos, podrá recuperarlo, siempre y cuando pueda demostrar cómo lo ingresó al país. Según los operadores, menos del 10% de las personas logra cumplir con todos los requisitos. Pero si el aforo es mayor a ese monto, se inicia una causa por contrabando. Las normas argentinas establecen penas de entre dos a ocho años a las personas que cometen este ilícito.

CONTROLANDO. Un efectivo toma fotos del acoplado de un camión.

3- Problemas por la falta de recursos humanos

Cuando se confirma que se trata de contrabando, los responsables de las fuerzas de seguridad que concretaron el procedimiento, deben informar a la Justicia Federal. Recibido el caso, los funcionarios judiciales, a través de un oficio, solicitan a los especialistas del organismo de control que realicen una valuación de la mercadería de contrabando. Lo que debería ser un mero trámite, en Tucumán termina siendo un problema.

La falta de recursos humanos demora todo. En los tribunales hay unos 10 empleados que se encargan de realizar este trámite, sin dejar de entender los expedientes por otros delitos, cuestiones tributarias, previsionales y hasta ambientales, por sólo mencionar algunos.

En la Aduana el panorama no es muy diferente: tiene menos de 30 empleados que, además de esta tarea, deben controlar las industrias que exportan y los vuelos de líneas y privados (cada vez son más) que salen y llegan a la provincia.

4- Improvisaron lugares de depósito

Una vez finalizado este trámite, las fuerzas de seguridad deben aguardar que personal de Aduana les otorgue un turno para que lleven la mercadería al depósito que tienen en la capital (por cuestiones de seguridad no se informa la ubicación exacta). Sin embargo, desde hace casi dos años el lugar está colapsado y les resulta imposible recibir más productos porque el recambio es permanente.

Operativo Lapacho: por la burocracia, se pudren la ropa y las frazadas secuestradas por contrabando

Las distintas fuerzas de seguridad construyeron lugares para preservar los bultos, pero ya no tenían capacidad. Pasa lo mismo con los micros y camiones que fueron transformados en depósitos de urgencia. En el destacamento de Gendarmería Nacional de Las Talitas, se utilizan el casino de oficiales y los baños, por citar un ejemplo.

EN GUARDIA. La mayoría de la mercadería secuestrada proviene de Salta.

5- Una diligencia con autorización judicial

Con autorización judicial, Aduana debe enviar un informe a la Secretaría de la Presidencia de la Nación para que defina el destino final de la mercadería secuestrada. Normalmente son organizaciones no gubernamentales, entidades benéficas y hasta el mismo Estado provincial en el que se concretó el decomiso. Este trámite no es expeditivo, sino que en promedio dura seis meses.

Con la asunción de Milei, según confiaron fuentes judiciales, no hubo entrega durante ocho meses de productos, lo que terminó generando un colapso en todo el país y no sólo en Tucumán. “Básicamente estamos tratando de ubicar la mercadería que se decomisó el año pasado. En 2025 hemos incrementado más de un 50% los secuestros de los artículos ingresados ilegalmente al país”, sostuvo Ferreyra.

No todos los productos decomisados pueden ser donados. Fuera de la lista quedan elementos de bazar, juguetes y herramientas, entre otros porque no tienen los estándares de calidad y seguridad que exigen las normas vigentes. Pasa exactamente con los alimentos no perecederos que no cuentan con los controles bromatológicos para que puedan ser consumidos sin problemas.

Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei

Los artículos del hogar (heladeras, aires acondicionados y lavarropas, por citar algunos), productos electrónicos y cubiertas también pueden ser entregadas sin cargo o, en su defecto, forman parte de un lote para ser rematadas. “En Tucumán hace mucho tiempo que no se hace una subasta, por lo que el final de estos productos termina siendo la destrucción”, explicó una fuente de tribunales.

7- Sin registro de posibles beneficiarios

Según las normas vigentes, Presidencia de la Nación no tiene una lista de entidades que pueden recibir la mercadería como donación. Elige por las diligencias que realizan los interesados o sugerencias planteadas por los funcionarios de Aduana o de la misma Justicia Federal. En Tucumán, durante esta gestión han sido beneficiadas varias organizaciones no gubernamentales y el Estado. A Desarrollo Social le otorgaron prendas de vestir y de cama y el Ministerio de Seguridad centenares de cubiertas que fueron destinadas a los móviles de la fuerza y vehículos oficiales de otras reparticiones. “Fue una ayuda importante porque significó un gran ahorro; por eso estamos pidiendo que esto se mantenga con el tiempo”, dijo Agüero Gamboa.

Las autoridades confirmaron que con esta gestión cambió el sistema de elección de destinatarios. Contaron que en la administración de Alberto Fernández se ordenaba la entrega de ropa y frazadas al municipio de Quilmes. Sin embargo, los funcionarios anunciaban que no las podían retirar por el costo que significaba trasladarla hasta ese lugar. “El trámite volvía a fojas cero y era otra demora más que genera colapso en los depósitos”, indicó un funcionario judicial. “Es una buena medida que se priorice la jurisdicción en la que se concretó el secuestro. En realidad, es un acto de justicia porque la Provincia es la que hace un gasto para mantener el Operativo Lapacho”, indicó el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

8- Exigentes controles

“Todo está debidamente controlado”, se apuró en aclarar el ministro Agüero Gamboa sobre el destino de la mercadería. “Aduana revisa perfectamente lo que se saca de los depósitos y después cuál es su destino. También interviene la Justicia. Todo debe quedar debidamente documentado”, añadió.

Las organizaciones no gubernamentales también deben cumplir con esos requisitos. Alguna irregularidad puede generar la apertura de una causa penal.

Números para tener en cuenta

- 30 frazadas se pueden encontrar en un bulto decomisado.

- 12.000 bultos fueron secuestrados desde el 1 de enero de 2024 hasta el lunes pasado.

- $ 9.000 millones es la valuación de los 12.000 bultos decomisado en 20 meses.

- 7.000 cubiertas de bicicletas, motocicleta, autos y camionetas fueron incautadas.

- 16.000 kilos se decomisaron en los últimos 20 meses.